jueves, 1 de abril de 2010

En defensa del Valle de los Caídos

Desde el Ministerio de la Presidencia se le había asegurado al Excmo. y Rvdmo. Padre Abad de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos que, a partir del pasado uno de marzo, se abrirían las puertas de la Basílica para el culto de los fieles y a sus numerosos visitantes, recuperándose la normalidad que sin autorización ni consentimiento del Padre Abad ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, había sido unilateral, ilegal y fraudulentamente alterada e interrumpida, todo ello por órdenes directas emanadas de la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia, vulnerándose de esta forma la inviolabilidad de un lugar de culto así como la libertad religiosa y de culto de los fieles.

He de transmitirles que no sólo no han cumplido su palabra sino que prosiguen con el
hostigamiento, persecución y deleznable intento de amedrentamiento del Padre Abad y
de su Reverenda Comunidad Benedictina, bajo cuya autoridad eclesiástica se encuentra
el mencionado lugar de culto que es el Valle de los Caídos y bajo cuya custodia se
encuentran sus bienes y diversas instalaciones.

Desde el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional, posteriormente al
mencionado cierre se trató de justificar éste alegando un supuesto riesgo en la estructura
del interior de la Basílica que podría afectar la seguridad en su interior, falaz artimaña
que fue rotunda y rigurosamente desmontada, con el debido rigor técnico, en el informe
técnico solicitado por la comunidad benedictina a profesionales cualificados en la
materia, los cuales dejaron asentado en su informe que no se ha detectado riesgo alguno
respecto de su estabilidad y que, por lo tanto, no existe problema alguno para la
seguridad de nadie en el interior de la Basílica, sino todo lo contrario.

A la vista del mencionado informe, Patrimonio Nacional por órdenes de sus superiores
"trasladó" la supuesta inseguridad a la escultura religiosa "La Piedad" ubicada en la
entrada de la Basílica, escultura que había sido restaurada por ellos mismos unos meses
antes y a la que habían dejado protegida con una malla metálica protectora.

Ahora se le presionaba a la Comunidad Benedictina en el sentido de que debían aceptar
el desmontaje de "La Piedad" si querían que se reabriera al culto normal la Basílica, o
de lo contrario deberían atenerse a las consecuencias de no acceder a la nueva y singular
ocurrencia.

La Reverenda Comunidad Benedictina, habida cuenta el importante y profundo
significado religiosos de "La Piedad" y el bien artístico y cultural de que se trata, el
cual está bajo su custodia, encargó dos informes técnicos con respecto a "La Piedad",
uno de ellos elaborado y firmado por la "Fundación Juan de Ávalos" y el mismo
arquitecto Juan de Ávalos, propietarios intelectuales de la mencionada obra de arte,
informes de los cuales se desprende la absurdidad e innecesaridad técnica de tan
riesgosa como inexplicable operación.

No se trata, pues, sino de ocurrencias una detrás de otra, con un solo y exclusivo
objetivo: mantener cerrado al culto normal la Basílica Pontificia de la Santa Cruz;
alterada la normalidad de ese lugar sagrado; vulnerada la inviolabilidad de ese lugar de
culto; cercenado el derecho de los fieles a la libertad religiosa y de culto; afectado el
turismo y visitas a dicho lugar; así como manteniendo al Padre Abad y la Reverenda
Comunidad Benedictina allí asentada, así como a los cuarenta escolanos y a sus
familias, en un estado de creciente ansiedad y angustia emocional y presión psicológica,
donde no han faltado las vejaciones, groserías y ultrajes.

Todo ello en flagrante violación del Código Penal (Arts. 522, 523, 524, 525), de la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa (Arts. Primero, Segundo, Tercero), de la Constitución
Española (Arts. 14, 16), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.
18), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 18, 20), de la Ley de
la memoria histórica (Art. 16), del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede
sobre asuntos jurídicos (Art. 1), así como otras leyes y reglamentos de la Comunidad
Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de El Escorial.

Y lo que es más sorprendente y ciertamente curioso, en flagrante violación con la Ley
de la memoria histórica, aprobada por las Cortes generales el 26 de diciembre de 2007,
cuyo Artículo 16.1 reproduzco:

"Artículo 16. Valle de los Caídos.

1.El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos."

¿Y ante esta lamentable y peligrosa situación qué podemos hacer los españoles que,
creyentes o no creyentes, amamos la libertad y el Estado de Derecho que se supone
impera en España?

En mi opinión, de momento, sólo seis cosas:

1º- Estricto respeto a la legalidad vigente.

2º- Confianza en las autoridades eclesiásticas que están trabajando sin descanso en que
se restaure la normalidad en la Basílica Pontificia de la Santa Cruz y en el conjunto de
ese lugar de culto denominado Valle de los Caídos.

3º Pedir al resto de la fuerzas parlamentarias, especialmente al partido de la oposición,
que no permitan bajo ninguna circunstancia que se vulnere, de forma tan burda como
ridícula, el inalienable derecho de los españoles a la libertad religiosa y de culto y la
inviolabilidad de los lugares de culto.

4º- Acudir todos los fines de semana a la Celebración Eucarística que se celebra todos
los días en la mencionada Basílica a las 11:00 horas de la mañana, aunque haya que
sufrir las molestias derivadas del injustificado y no autorizado cierre de la puerta
principal de la Basílica.

5º- Llegado el caso, exigir nuestro inalienable derecho a la libertad de culto y a la
inviolabilidad de los lugares de culto, en los Tribunales de Justicia Españoles así como
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo cual se está preparando una
Plataforma Ciudadana que, -de no volver las cosas a la normalidad como es de justicia
y de puro sentido común-, se pondrá a disposición de los españoles que, católicos o no,
convengan en exigir a sus gobernantes el respeto a la Ley y al inalienable derecho de
todos a la libertad religiosa y de culto.
6º- Los creyentes, además y por encima de todo, rezar y poner toda la confianza en la
misericordia del Señor.

Pablo Linares. Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos.

1 comentario:

Anónimo dijo...

No oigo la voz del Pp diciendo que el Valle es un monumento digno de ser protegido. Tampoco escucho a la Iglesia (entiéndase Obispos) dar su opinión. Si todos callan, ¿que podemos esperar?

Un patriota